Esta es la tercera entrega de una serie de artículos escritos por Pedro Bofill para Factores de Poder sobre el estado de la democracia española.
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Pedro Bofill: Los veinticinco gloriosos
Utilizo un remedo de la expresión acuñada por Jean Fourastié para calificar el periodo comprendido entre los años 1945 a 1975 (“Los treinta gloriosos”) que se distinguió por un crecimiento económico constante y por una serie de cambios excepcionales en el mundo.
Eso mismo ocurrió en España a partir de 1982, una etapa en la que nuestro país recuperó su presencia y papel histórico internacional; en la que se produjo un desarrollo económico de singular importancia (la renta per capita pasó de US $4.200a $24.000); y en la que se realizaron grandes cambios en la educación y en la sanidad.
Algo semejante ha ocurrido con los derechos humanos y las libertades civiles, cuyo nivel de desarrollo alcanzó un notable avance, al tiempo que se produjo una extraordinaria modernización de la justicia.
Durante este periodo se llevó acabo una profunda y ejemplar descentralización territorial; un proceso único y complejo en el que se transfirieron a las Comunidades Autónomas competencias políticas superiores a las que hoy disfrutan muchos estados federales.
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Efectivamente, tras la designación por el Congreso de los Diputados de Calvo Sotelo como presidente del Gobierno, una de sus primeras decisiones fue solicitar la incorporación de España a la OTAN, cuyo ingreso se efectuó el 30 de mayo de 1982.
Su permanencia sería refrendada por los españoles durante la presidencia de Felipe González, aunque el ingreso en la estructura militar se produjo en el año 1999.
Tras la entrada en la organización defensiva, España se integró en la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea), en cuya construcción hemos mantenido un compromiso permanente, ya que para los españoles la Unión es sinónimo de libertad, prosperidad y bienestar.
Con su presencia en estas dos organizaciones nuestro país recuperaba, tras décadas de aislamiento, un papel destacado en la escena internacional, sustentada en la colaboración y el acuerdo entre los partidos políticos democráticos que supieron elaborar una política de Estado, clave de nuestra descollante acción exterior a partir de entonces.
Mediante una inteligente combinación de acuerdos bilaterales, en especial con los Estados Unidos, los países hermanos hispanoamericanos y los países árabes y magrebíes, por un lado, y con los organismos multinacionales, por otro, iniciada por el presidente Felipe González, nuestro país se granjeó la simpatía, el respeto y la credibilidad necesarios para participar activamente en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos más delicados.
Como consecuencia del incremento de su prestigio internacional, España intervino con éxito en el proceso de recuperación de las libertades en los países comunistas, tras la caída del muro de Berlín.
Debido a su ascendiente, se le encomendó la organización contra reloj (en sólo doce días) de la importante y compleja Conferencia de Paz de Madrid, cuya finalidad era lograr la paz entre Israel y Palestina; una cumbre en la que estuvieron presentes George Bush y Mijaíl Gorbachov, junto a los más destacados dignatarios de Europa y del Oriente Medio.
Pocos meses después se celebraron dos grandes acontecimientos: Los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, dos festivos acontecimientos que los españoles apoyaron unánimemente y a través de los cuales se trasmitieron al mundo los grandes avances que habíamos alcanzado.
Lamentablemente, en aquellos años la brutalidad terrorista de ETA alcanzó su máxima crueldad.
Las mayores atrocidades se produjeron en los atentados de Hipercor de Barcelona, en el que murieron veintiuna personas, y en las casas cuartel de la Guardia Civil de Vich y Zaragoza, también con veintiuna personas asesinadas, de las cuales diez eran niños y jóvenes entre 3 y 17 años.
Aún recuerdo sobrecogido el dolor y la amargura desgarrada de los padres y familiares en los funerales del atentado de Zaragoza.
Todos esos indiscriminados asesinatos se realizaron en nombre de la libertad precisamente en uno de los países más democráticos de Europa, en el que su Constitución de 1978 había abolido la pena de muerte.
Producida la alternancia en el poder, al ganar el Partido Popular las elecciones generales de 1996, el Presidente Aznar mantuvo el diálogo y las líneas maestras acordadas con anterioridad en los grandes temas de Estado, especialmente en la lucha contra el terrorismo.
En este sentido hay que hacer especial mención de la Ley Orgánica de Partidos Políticos de 2002 y del éxito que representó para España la incorporación a la moneda única europea, al EURO .
El nuevo pacto antiterrorista entre PSOE y PP en el año 2000 (no lo suscribieron ni el PNV ni EA) y la nueva Ley de partidos supusieron un relevante avance en la lucha contra el asesinato y la extorsión que ejercía ETA.
Felizmente, con esa ley, aprobada por el 93% del Congreso de los Diputados, se ilegalizó a Herri Batasuna, partido que no ocultaba su apoyo a esa organización asesina, y que con los ingresos públicos que le proporcionaba su presencia en las instituciones facilitaba apoyo económico a la banda terrorista.
Esta ilegalización fue avalada posteriormente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Las medidas económicas adoptadas por del Gobierno del Partido Popular tuvieron como objetivo cumplir los requisitos impuestos por la Unión Europea para poder ingresar en la moneda única europea, entre los que se encontraban el control del déficit y la deuda pública, y la flexibilización del mercado de trabajo.
Todos los objetivos se cumplieron en la fecha prevista.
Para lograrlo, se privatizaron las empresas públicas, se contuvo el gasto público y se firmó un nuevo pacto con los sindicatos UGT y CCOO, la organización empresarial CEOE y el propio Gobierno.
Con el cumplimiento de estos objetivos y la incorporación al EURO, la economía española entro en una etapa de fuerte crecimiento económico.
En política exterior, sin embargo, se produjo un cambio que supondría desavenencias importantes entre los dos grandes partidos.
El Presidente Aznar participó en la célebre reunión de las Azores de 2001 junto a George W. Bush y Tony Blair, desde donde los tres mandatarios enviaron un ultimátum a Saddam Hussein.
Posteriormente España formó parte de la coalición que invadió Irak, aunque el contingente español se incorporaría tras la caída de Bagdad.
11-M
Como ocurre en cualquier gestión gubernamental, existen momentos brillantes y otros en que sus responsables tienen que afrontar situaciones trágicas.
José María Aznar tuvo que hacer frente a una de las más nefandas y dolorosas con las que se puede encontrar un gobernante. Indudablemente no sólo sería trágica para él, lo fue también para toda la sociedad española, para todas las personas de bien; me refiero a los terribles atentados de Atocha. El aciago 11 de marzo de 2004, en plena campaña electoral, estallaron varias bombas en cuatro trenes de cercanías de Madrid que produjeron ciento noventa y dos muertos y casi dos mil heridos.
Era el atentado más sangriento producido en Europa —una acción asesina que conmocionó al mundo.
No puedo olvidar el espanto que me produjo, como a tantos otros, cuando oí por la radio la terrible noticia.
Atribuida la autoría de esta macabra acción criminal a ETA, todos declaramos nuestra radical condena y el apoyo al Gobierno de España; así lo hizo el candidato Rodríguez Zapatero, junto a otros líderes políticos.
Sin embargo, pocas horas después, las investigaciones de la Policía atribuyendo el atentado al terrorismo islamista vinculado a Al-Qaeda sembraron la confusión y la desconfianza sobre las afirmaciones gubernamentales, que seguían manteniendo su primera versión.
El apoyo al Gobierno continuó siendo firme y expreso, pero también las exigencias del esclarecimiento de la autoría.
Incompresiblemente, aún después de que los tribunales concluyeran a posteriores que los atentados de Atocha habían sido perpetrados por terrorista islámicos, ciertos sectores del PP continuaron implicando a ETA en los mismos.
Estoy convencido de que no fue así. ETA siempre ha buscado argumentos para justificar sus espurias acciones.
La masacre de Hipercor de Barcelona la reivindicaron con orgullosa arrogancia, ellos habían avisado pero, según su opinión, el estado opresor actuó con negligencia para desprestigiarlo: el Estado democrático era el culpable.
Los atentados de Vich y Zaragoza los reivindicaron con una altivez soberbia: según ellos, los auténticos culpables de la muerte de los diez niños que asesinaron eran sus padres, que se parapetaban tras ellos en la casa cuartel.
Tan deshumanizados argumentos les servían para justificar unos crueles asesinatos que nunca ocultaron, más bien al contrario, los reivindicaron con ciego orgullo asesino.
Fueron esos lustros a los que me acabo de referir años prósperos para los españoles, durante los cuales España ganó un gran prestigio y credibilidad internacional.
Un periodo de tiempo en el que se demostró la capacidad que tenemos para vencer dificultades y progresar cuando utilizamos como instrumento el diálogo y el acuerdo, cuando actuamos unidos y nuestros líderes saben sacrificar sus intereses partidistas y personales en beneficio de todos.
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