Un grupo de militares acusados de delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión y ataques al decoro de las fuerzas armadas venezolanas fue objeto de un fallo que colima al estamento castrense y al aparato de administración de la justicia venezolana. Seis comandantes, un teniente y dos sargentos fueron sometidos a un fallo que absuelve a los suboficiales; y deja tras las rejas a los de mayor rango pese a ser juzgados en grupo. El fallo contraviene un principio jurídico que extiende la sentencia que absuelve a todo el grupo. Reportaje exclusivo para Factores de Poder Web.
El dos de marzo de 2018 fueron detenidos los Tenientes Coroneles Igbert Marín Chaparro, Erick Peña Romero, Víctor Soto Méndez, Deivis Mota Marrero, Juan Carlos Peña Palmentieri, Henry Medina Gutiérrez, el Primer Teniente Jeiber Ariza Apolinar, el Sargento Segundo Julio César Gutiérrez y la Sargento Yuleima Medina Guerrero.
Los oficiales graduados pertenecían a la promoción “Coronel Miguel Antonio Vázquez” de 1999, la primera promoción que Hugo Chávez graduara como jefe de estado en la Academia Militar.
Se les acusaba de subversión y de estar conspirando contra las fuerzas armadas. Tras ser detenidos, el grupo permanece siete días en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, les aislaron en cuartos separados esposados de manos a una silla, eran golpeados en la cabeza, les rociaban gas pimienta en la cara, les tiraban violentamente al piso y los privaban de sueño.
En un dantesco caso de tortura y violencia hacia la mujer, los torturadores de la Sargento Medina Guerrero le amenazan con extraerle uno de sus globos oculares con un filoso punzón. Los hombres recibían golpes en los testículos al tiempo que les aplicaban descargas eléctricas.
Tras obtener testimonios bajo coacción y siete días de tortura —en franca contravención del Código Orgánico Procesal Penal vigente— son presentados ante fiscalía el nueve de marzo de 2018 y se les imputan los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión y atentado contra el decoro de las fuerzas armadas.
El grupo fue repartido entre las cárceles de La Pica, Santa Ana del Táchira y Caracas, a cientos de kilómetros del sitio de residencia de sus familiares, añadiendo un nivel adicional de terror y desasosiego.
Trasladados a Ramo Verde
Cinco meses después —con la excepción del Tcnel. Igbert Marí Chaparro, quien fuera edecán de Hugo Chávez, que queda retenido en el DGCIM— todos los acusados fueron trasladados al Centro Nacional de Procesados Militares en Ramo Verde, donde fueron puestos en celdas de castigo en donde tenían que orinar y defecar en bolsas plásticas que debían guardar en sus celdas.
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La audiencia preliminar
En agosto de 2019, comienza la audiencia preliminar, la defensa de los militares acusados logra que les quiten la imputación del delito de traición a la patria y pasan a juicio con los delitos de instigación a la rebelión y atento contra el decoro de las Fuerzas Armadas.
Las actuaciones de las autoridades en el caso evidencian el rol colimador y de administración discrecional de la justicia. Le tocaría presidir el juicio al Coronel Jofre Javier Chacón Ramírez, al servicio de la Corte Marcial que preside el Mayor General Edgar Rojas Borges.
El juicio
El seis de noviembre de 2020 comienza uno de los juicios penales más rápidos de la historia —40 días—, todos los imputados son trasladados al tribunal y y son juzgados con los mismos delitos, pruebas testimoniales, documentales y por los mismos hechos.
Chacón Ramírez y Rojas Borges, trabajando en tándem y de espaldas al deber ser no permitieron que el juicio fuera público, tal como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. La fuente familiarizada con el caso —que prefiere mantener el anonimato para resguardar su integridad física— consultada para la realización de este trabajo relata con desdén la forma en la que Rojas Borges no instó a sus subalternos a realizar investigaciones sobre las denuncias de tortura que salieron a flote durante el juicio express llevado a cabo.
El vídeo que no apareció
Durante el juicio, la fiscalía comenta de un supuesto vídeo en el que los imputados hacían un llamado a las armas, dicho material nunca apareció y atados al inexistente material audiovisual y con unos testigos “chimbos” —en la opinión de la fuente consultada para la realización de este trabajo.
Torturados por denunciar
Durante el desarrollo del juicio, los imputados denunciaron los tratos inhumanos, degradantes y crueles a los que fueron sometidos. La denuncia fue recibida por el juez y no ordenó a la fiscalía investigar. Luego de esa actuación judicial, los detenidos fueron torturados como castigo por acusar a sus torturadores.
Testigos militares estrellas: un sapo y un torturador
El coronel Boris Milán Rudman Jiménez fue considerado el testigo estrella de la fiscalía, en su testimonio expresa que sólo supuso, creyó y pensó que sus compañeros de armas tenían opiniones distintas a él y por eso los acusa con sus superiores. La fuente vinculada con el caso que nos hace llegar la información nos explica que Milán Rudman mintió en audiencia —delito en materia penal ordinaria— y juró ante jueces no haber sido y detenido, cuando en efecto lo fue.
Rudman Jiménez pasó dos días esposado y recibiendo golpes con los demás militares hoy condenados en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Ahí no terminan los cuentos falaces del Coronel, por cuanto en el juicio sus testimonios se contradicen y queda demostrado que mintió.
El capitán Jonathan Becerra —alias “El Piraña”—fue otro de los testigos principales en el juicio, torturador de la Dirección General de Contrainteligencia Militar fue denunciado ante organismos internacionales por delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos.
La audiencia de conclusión
La parte final de este dantesco periplo legal termina con la condena de cinco tenientes coroneles a siete años y seis meses, y se absuelven a dos subalternos: un sargento, un teniente y un teniente coronel.
Henry Medina Gutiérrez, el Primer Teniente Jeiber Ariza y el Sargento Gutiérrez están en libertad. La sargenta Medina Guerrero fue objeto de una medida humanitaria por cuestiones de salud en agosto de 2019.
Justicia colimada
El fallo del día de ayer, miércoles 16 de diciembre de 2020 que condena a unos y absuelve a otros es violatoria de un principio legal que establece que si todos fueron juzgados por lo mismo, con las mismas pruebas, el fallo debería afectarles a todos.
Fueron condenados por los mismos hechos el Teniente Coronel Igbert Marín Chaparro, que está recluido en el DGCIM desde el dos de marzo de 2018 hasta la fecha, el Teniente Coronel Víctor Soto Méndez, el Teniente Coronel Deivis Mota Marrero y el Teniente Coronel Juan Carlos Peña Palmintieri (recluídos en Ramo Verde) y el Teniente Coronel Erick Peña Romero, quien se encuentra en arresto domiciliario por medida humanitaria.
El sistema judicial venezolano y su perversión colima la administración de justicia, violando el principio extensivo de la sentencia absolutoria. En el derecho penal, la responsabilidad es individual en este caso, las actas de investigación militar con la que el juez les priva de libertad acusa a todos los imputados por lo mismo. Por ello, si la sentencia absuelve, debe absolverlos a todos.
La defensa de los acusados no ha parado, recusaron a los fiscales en la Fiscalía Superior Militar y denunciaron la violación de los derechos humanos de sus defendidos en las instancias correspondientes, las cuales no les quisieron recibir el escrito el día de ayer.
La amarga odisea de los militares no termina, por cuanto la defensa espera que aproximadamente el día 26 de enero de 2021 se publicará la sentencia. Familiares y abogados se encuentran a la espera de nuevos acontecimientos.
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