«Restaurar la reputación, recuperar la confianza» son una serie de artículos que Factores de Poder comenzó a publicar a partir del lunes de esta semana.
Esta es la tercera de cinco entregas que tratan sobre el estado político actual del Reino de España bajo la óptica de Javier Rupérez, con la edición y adaptación de nuestro equipo editorial para ser compartidas con nuestros seguidores a lo largo de estos días de asueto de Semana Santa.
La primera entrega está disponible para su lectura haciendo click en este enlace.
La segunda entrega está disponible para su lectura haciendo click en este otro enlace
Restaurar la reputación, recuperar la confianza por Javier Rupérez. Parte 3 de 5
El lastre gubernamental
por Javier Rupérez, desde España
Tiene otro problema no menos significativo: el Gobierno de España. La existencia de una coalición gubernamental formada por una radicalizado partido socialista, otrora socialdemócrata, y un partido claramente alineado con lo que los politólogos contemporáneos califican como “antisistema”, amén de sus alianzas coyunturales con formaciones separatistas catalanas y otras herederas irredentas del terrorismo nacionalista vasco, configuran una situación insólita tanto en el contexto normativo de la Constitución y la ley en España como en el más amplio de sus relaciones exteriores con los socios habituales en el mundo europeo y occidental.
Cabría compararlo con el vivido en Grecia a principios de siglo, y con las perplejidades que suscitó en el contexto de la Unión Europea la presencia de un gobierno ajeno a los presupuestos políticos y económicos básicos del conjunto.
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Claro que Varoufakis, quizás por ello mismo, duró poco y Tsipras, tras aprender alguna noción elemental de las normas vigentes y medio convertido a la realidad imperante, no llegó mucho más allá de las siguientes elecciones. No sin antes mostrar la realidad de un país prácticamente en bancarrota y pendiente de la caridad continental para sobreponerse a sus disfunciones y miserias.
Resultaría excesivo, y probablemente ofensivo para muchos españoles, el comparar la España de hoy con la Grecia de ayer pero las semejanzas y sus consecuencias no deben ser minusvaloradas.
Sobre todo por lo que a la reputación y a la consiguiente confianza se refiere. Es público y notorio que en el gobierno español del dia coexisten dos “almas” muy a menudo abierta y agresivamente contrapuestas, dando con ello pie a la confianza de que una de ellas, la socialista, en algún sentido la “buena” o al menos la “menos mala”, imponga su visión sobre la perversa, la encarnada por la extrema izquierda anticapitalista y bolivariana.
Pero ello ya en sí crea un elemento de profunda desconfianza frente al interior y frente al exterior: ¿Cuál es la fiabilidad de un pais dirigido por un gobierno que no llega a ponerse de acuerdo en cuestiones fundamentales de la gobernación nacional?
Y no son precisamente baladíes: la continuación de la Monarquía parlamentaria como Jefatura del Estado, el mantenimiento de la integridad territorial, la consideración penal reservada para terroristas y golpistas, la economía de mercado, el mantenimiento de la división de poderes, el control de la información pública y privada, la orientación de la política exterior, los marcos de referencia aplicados a la libertad de educación, la misma integridad y las posibles vías de reforma de la Constitución de 1978…
Una parte central de esas graves dudas fueron recientemente puestas de manifiesto cuando el Vicepresidente segundo del Gobierno, español, Don Pablo Iglesias, dirigente del partido de extrema izquierda Unidas Podemos, en declaraciones a la prensa realizadas el 8 de febrero de 2021, mantuvo que “no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña uno está en prisión y otro en Bruselas”, olvidando que el preso lo está por haber delinquido contra el orden constitucional y el otro, condenado por las mismas razones, ha conseguido evitar la cárcel convirtiéndose en prófugo de la justicia.
Tales manifestaciones, en una muestra más de la disfuncionalidad que caracteriza la gestión gubernamental del pais, fueron replicadas por Doña Margarita Robles, Ministra de Defensa del gobierno del que Iglesias es Vicepresidente, y del lado “bueno” de la coalición al mantener pocos dias después, en declaraciones a la prensa el 12 de febrero que “España es una democracia plena, una de las más avanzadas del mundo, con derechos y libertades consolidados, con instituciones que funcionan, que sirve como ejemplo a muchos paises”.
El Vicepresidente Iglesias había encontrado inspiración para sus palabras en las pronunciadas el 5 de febrero de 2021 por el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Serguei Lavrov, durante la rueda de prensa que mantuvo ese día en Moscú juntamente con el Alto Representante de Exteriores y Seguridad de la UE, el español Josep Borrell.
Este último, en visita oficial en representación de la UE ante las autoridades rusas, había manifestado el deseo de la Unión de que el opositor a Putin, Aleksei Navalny, detenido en la capital rusa, fuera puesto en libertad y que al mismo tiempo el gobierno de la Federación realizara una “investigación transparente sobre las causas del envenenamiento” que el opositor al presidente ruso había sufrido en Siberia, en el verano del 2020.
El ministro ruso, que seguramente esperaba la mención a Navalny, se apresuró a contestar que “los líderes independentistas catalanes están en prisión por organizar un referéndum, una decisión que la justicia española no ha revocado pese a que tribunales de Alemania y Bélgica fallaron en contra [del encarcelamiento]”.
Esa equiparación entre Navalny y los separatistas catalanes condenados por sedición tras haber organizado el golpe de estado contra la Constitucion española en 2017, no recibió respuesta por parta de Borrell pero sí, al dia siguiente, de la ministra española de Asuntos Exteriores, Doña Arancha González Laya, quien precisó que en “España no hay presos políticos. Hay políticos presos” además de recordar que “España es una de las democracias más plenas en el mundo”.
Con ello hacía seguramente referencia al “Democracy Index” que “The Economist” publica anualmente y que acababa de aparecer. En su edición de 2020 España aparece con el número 22 de los 23 paises que en la clasificación son tenidos por “full democracies”. La ministra española, basándose en la misma referencia, añadió que la Federación Rusa sólo se encuentra en el número 124.
No le faltaba razón al proclamar con manifiesto orgullo quién es quién mundialmente en esto de las democracias.
Quizás hubiera debido añadir que en la lista correspondiente al 2019 España ocupaba el puesto 17, que no alteraba grandemente la percepción pero hubiera debido servir de llamada precautoria. Unas semanas más tarde “Freedom House”, en su anual “Freedom in the world”, venia en lo básico a coincidir con los números del “Economist”: España es catalogada como un país “free”, con una puntuación de 90 sobre 100 —claro que hace un años tenía 92, dos puntos más— mientras Rusia es considerado “not free”, con una puntuación de 20 sobre 100.
Lo que seguramente no preveía la señora Laya es que su colega en el gobierno, el Vicepresidente Iglesias, en esta discusión nada baladí sobre los méritos democráticos de unos y de otros, se alineara con las opiniones del ministro ruso, miembro de un gobierno sobre el que recaen más que fundadas sospechas de haber alentado, dirigido e inspirado las operaciones cibernéticas de desinformación que en los años 2016, 2017 y 2018, y probablemente antes y después, habían alentado las acciones desestabilizadoras en Cataluña contra el espíritu y la letra de la Constitución española de 1978.
Y en esa insólita ecuación la portavoz rusa del Ministerio de Asuntos Exteriores, preguntada pocos días después por las divergentes opiniones de Borrell, Lavrov, Laya, Robles y Marlaska —el ministro del Interior español, que también había sumado su voz a la calidad democrática española— e Iglesias, tuvo la inevitable humorada de precisar que “oyendo a los ministros españoles, no se sabría a quién hacer caso”.
En efecto, el incidente había seriamente dañado la credibilidad de las manifestaciones de los responsables gubernamentales españoles, afectando de manera negativa a la reputación del conjunto nacional, erosionando la confianza consiguiente y poniendo de relieve en una sola pieza las fragilidades por las que España navega en tales actuales y procelosos mares: Cataluña, un gobierno dividido, una fractura evidente en el más alto de los posibles niveles decisorios, un mensaje confuso ante los actores internacionales.
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