- artículo de opinión escrito por Fernando de Rosa, desde España
En España propaga un nuevo virus, el del radicalismo político excluyente. No es algo nuevo nuevo, España había estado al margen de esa pandemia.
Otras partes de Europa lo sufrieron durante décadas, causando mucho dolor y pobreza. Son muchos los derechos y las libertades que quedaron vulnerados, restringidos y violados en el continente europeo por la expansión de este virus comunista que se disfraza de solidaridad para infectar las estructuras de las sociedades.
La historia nos pone de manifiesto que el comunismo nunca es sinónimo de libertad, sino de represión y de expansión de un pensamiento único. Basta mirar las atrocidades cometidas en la Unión de Repúblicas Soviéticas y en los países de la órbita del telón de acero en Europa. Pero esa pandemia también ha afectado a otros continentes.
En este sentido, puede verse la realidad existente en países asiáticos como Corea del Norte o en países americanos, como Cuba o Venezuela. Precisamente, el chavismo ha conducido al país venezolano —que era uno de los países de América más prósperos económica y jurídicamente hablando— a la pobreza y degradación más absoluta.
El chavismo es sinónimo de pobreza económica y de vulneración de derechos humanos. Para conseguir y mantenerse en el poder, el chavismo desmontó todas las estructuras democráticas de Venezuela, entre otras el Poder Judicial.
Precisamente, en las aguas turbias del comunismo bolivariano bebió el vicepresidente segundo de España, Pablo Iglesias, que con tesón está trabajando para importar a España el modelo de Estado bolivariano. Para el vicepresidente español, el modelo de libertad es aquel en el que desde el Gobierno se controlan todos los resortes del Estado, para perpetuarse en el poder.
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Se trata de un modelo en el que no importa el respeto a la dignidad de la persona y a los derechos que le son inherentes. La clave es que el pueblo sea sumiso y domesticado desde los medios de comunicación de titularidad pública.
Así trabaja Pablo Iglesias, contagiando a todo el Gobierno de la Nación, con el virus de la fractura, el enfrentamiento, la radicalidad y el pensamiento único. A su vez, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ya está infectado por ese virus, y ayuda a que se produzca el asalto a las instituciones del Estado, entre otras, al Poder Judicial.
En España se está asistiendo al ataque más vergonzoso que se ha producido contra el Poder Judicial en periodo democrático. El partido socialista, aliado con los comunistas de Podemos y otros partidos extremistas y radicales, quieren aplastar a la Justicia para someterla a sus dictados. Su objetivo es desmontar, empobrecer y controlar el órgano de autogobierno del Poder Judicial en España: el Consejo General del Poder Judicial.
Estamos a un paso de volver a la época de la dictadura franquista en la que no existía un órgano que garantizara la independencia de jueces y magistrados, realizando los nombramientos de los cargos judiciales directamente el Gobierno
. El primer intento de asalto al Poder Judicial, ha sido el intento de reforma el sistema de designación de los vocales que integran el Consejo del Poder Judicial para posibilitar un mayor control por parte de las fuerzas políticas gobernantes. Es necesario tener muy presente las palabras del Comisario de Justicia de la Unión Europea y las de la Vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, que advirtieron al Gobierno de España que en una eventual reforma del Consejo General del Poder Judicial, debe garantizarse que al menos la mitad de sus miembros sean elegidos por los Jueces.
El segundo asalto y ataque al órgano de gobierno de los jueces va dirigido a reformar la ley que lo regula con el objeto de impedir que mientras sus vocales hayan cumplido el periodo de su mandato, no puedan hacer nombramientos de nuevos cargos en el ámbito de la Justicia. Realmente, muchos nos preguntamos porque el Gobierno de España quiere impedir que el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de la Justicia y garantía de la independencia judicial en España, realice nombramientos para permitir que la Administración de Justicia siga funcionando, aunque esté en funciones.
El actual Consejo General del Poder Judicial español ha trabajado con rigor, realizando nombramientos con gran consenso y rompiendo techos de cristal, para hacer realidad la igualdad efectiva de las mujeres en el ámbito del Poder Judicial.
La Comisión Europea ha llamado la atención de nuevo al Gobierno de España, en relación con la reforma del Consejo General del Poder Judicial, indicando que debe realizarse en diálogo con la oposición y en consulta con la Comisión de Venecia, órgano asesor del Consejo de Europa para asuntos legales y constitucionales.
La Mesa del Congreso de los Diputados se ha negado a solicitar informe al Consejo General del Poder Judicial, sobre el proyecto de reforma que le afecta, y a la Comisión de Venecia. De esta manera, España se acerca peligrosamente a las posiciones autoritarias que en materia judicial se han extendiendo en países como en Polonia y Hungría denunciados por la Unión Europea.
El modelo, como ya he indicado, es el mismo que el chavismo ha implementado en Venezuela.
El Gobierno social-comunista de España está realizando ataques sin parangón contra jueces, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los fiscales independientes. Se producen persecuciones en redes sociales a magistrados que se han atrevido a investigar a miembros de la coalición gobernante o a sus socios. Estamos asistiendo a conductas que no son propias de las democracias occidentales europeas.
Estoy convencido de que la verdadera explicación del ataque al Poder Judicial en España desde el mismo Gobierno de la Nación es porque molestan los jueces independientes y para eso hay que acabar con la libertad en los nombramientos. El modelo chavista ya está implantándose en España, con la consiguiente pobreza en valores democráticos y libertad.
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